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Presentación fuera de plazo de la declaración anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720)
08/09/2017 -

Se han producido recientemente novedades importantes en relación con las consecuencias derivadas de la presentación fuera de plazo de la declaración informativa anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720).

El día 30 de abril de 2013 venció el plazo para la presentación, por primera vez (año 2012), de la declaración informativa anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720), obligación que recae en las personas residentes en España.

Fueron presentadas unas 130.000 declaraciones, cuando se estimaba que potencialmente los sujetos obligados podían ascender a muchos más, entre otras razones por residir en España más de 2 millones de extranjeros, típicamente titulares de bienes y derechos situados en el extranjero desde la órbita española.

Muchos de los obligados que no presentaron dicha declaración entonces continúan sin hacerlo a fecha de hoy, quizás porque han considerado que las graves consecuencias sancionadoras derivadas tanto de presentar la declaración fuera de plazo como de no presentarla son en ocasiones igual de gravosas y, en muchos casos, el valor de estas sanciones puede llegar a superar con creces el valor de los bienes y derechos no declarados.

No obstante, tal desproporcionado régimen sancionador fue objeto de denuncia ante la Comisión Europea, quien inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España en noviembre de 2015, el cual culminó el pasado día 15 de febrero de 2017, con la emisión de un Informe Motivado.

En este Informe Motivado se instaba al Reino de España a modificar el régimen sancionador por contravenir el Derecho de la UE (al ser el régimen sancionador aplicable en este caso mucho más gravoso que el aplicable en un contexto puramente nacional), concediendo un plazo de dos meses para hacerlo y advirtiendo de que, en caso de no hacerlo, la Comisión Europea podría interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pues bien, a fecha de hoy esta modificación legislativa no ha tenido lugar todavía por diferentes motivos, ni tampoco la presentación del recurso por incumplimiento, si bien una reciente Consulta vinculante emitida por la Dirección General de Tributos parece ir esta línea. Esta Consulta vinculante, la nº V1434-17, de 6 de junio de 2017, trata de un supuesto de regularización voluntaria sin requerimiento previo, concluyendo que en este caso son de aplicación “recargos” y no “sanciones” (mucho menos gravosos los primeros).

Con respecto a los obligados que todavía no han procedido a presentar esta declaración, deberían tener en cuenta y valorar el escenario actual, partiendo de la base de que una regularización “voluntaria” debería ser en todos los casos menos gravosa que una regularización “forzosa”. En todo caso, procede estudiar caso a caso todos los supuestos, para poder valorar los pros y contras de todas las opciones.

Para más información, por favor contacte con José Blasi