En este artículo explicamos qué es la moratoria por pérdidas, la normativa que contiene y las consecuencias que pueden derivarse cuando expire en 2024. También arrojamos luz sobre posibles soluciones para que las empresas afectadas puedan actuar.
El pasado 22 de julio entró en vigor la Orden PCM/825/2023, de 20 de julio, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de certificación de empresas emergentes que dan acceso a los beneficios y especialidades reconocidas en la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
Vivir en un mundo cada vez más globalizado conlleva la toma de medidas capaces de facilitar y fortalecer el crecimiento económico y las relaciones comerciales internacionales. La complejidad económica internacional a la que nos enfrentamos es asombrosa, y manifiestamente cambiante. Por ello, es fundamental para nuestro país adecuarse a los tiempos en aras de atraer capital extranjero, promover la inversión y abrir nuevas oportunidades en el horizonte.
El pasado febrero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, (el “Anteproyecto”), con el que se pretende transponer la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
Sabido es que la pequeña y mediana empresa tiene la insustituible labor de generar riqueza, empleo y progreso creando una red de seguridad para muchas familias. A pesar de que las PYMES constituyen el 99% del tejido empresarial de toda la Unión Europea (idéntico dato en clave nacional), son extremadamente vulnerables a las turbulencias de los ciclos económicos y a los estragos de las crisis financieras, dejando consigo una comprometida tasa de supervivencia empresarial.
El capital riesgo es una fuente de financiación empresarial, dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas, con proyectos e ideas con un enorme potencial que a la hora de su financiación se enfrentan a ciertas restricciones a través de los canales tradicionales.
El pasado 25 de noviembre de 2021 el Gobierno español cumplió el trámite de consulta pública del Proyecto de Real Decreto sobre Inversiones Exteriores.
La ratificación de este Real Decreto persigue un doble objetivo. En primer lugar, desarrollar los aspectos de la Ley 19/2003 que fueron modificados durante 2020 con el fin de proteger empresas operando en sectores estratégicos, especialmente en cuanto a la introducción del artículo 7 bis., relativo a la suspensión del régimen de liberalización – conocido como “escudo antiopa” -. Y en segundo lugar, actualizar el procedimiento de declaración de inversiones exteriores en el Registro de Inversiones, tanto extranjeras en España como españolas en el exterior.
Propósito y contexto de la Ley de Startups
El anteproyecto de ley fue presentado por el Gobierno, con la finalidad de fomentar la inversión nacional e internacional, así como el movimiento de trabajadores internacionales. Su objetivo final es convertir a España en un centro europeo de referencia para empresas digitales y fomentar el talento internacional que esté dispuesto a establecerse en el país.
Esta futura ley supone un soplo de aire fresco para los emprendedores e inversores. España está dejando atrás la crisis del COVID-19 y prueba de ello es que la creación de empresas ha aumentado un 28,8%.
Una vez entren en vigor las modificaciones de la Ley, será recomendable que las sociedades modifiquen sus estatutos sociales a fin de introducir las nuevas regulaciones.
Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo (“RDL 8”) éste ha sufrido modificaciones, puntualizaciones desarrollos y aclaraciones, en ocasiones para matizar cuestiones dudosas y en otras para adecuar la realidad de la vida societaria a la llamada “nueva realidad” como consecuencia de la pandemia.
