El campo de aplicación no se limita a las relaciones comerciales entre empresarios, si no que se extiende asimismo a las operaciones comerciales entre el sector privado y el sector público. Sin embargo no se debe aplicar en caso de operaciones con consumidores y pagos de indemnizaciones. El proyecto de ley además defiende la libre contratación que no obstante está sujeta al control judicial.
En el proyecto se establece un plazo de pago máximo de 30 días a partir de la recepción de la factura o de un requerimiento de pago equivalente. Una vez el deudor haya rebasado el plazo de pago, éste debe al acreedor un tipo de interés de 7 puntos porcentuales sobre el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo y una compensación razonable por los gastos derivados del requerimiento de la deuda, que en cualquier caso no pueden superar un 15 % de la misma.