El Congreso de los Diputados ha ratificado por una ajustada mayoría en su sesión del 20 de mayo de 2020 la propuesta del Gobierno de prorrogar el estado de alarma por última vez hasta el 7 de junio de 2020.
Al mismo tiempo ha aprobado la cámara el alzamiento de la suspensión de los procedimientos y plazos procesales y administrativos, así como de los plazos de prescripción decretada a mediados de marzo de este año.
Aunque la actividad judicial se había mantenido para asuntos urgentes, la tramitación procesal ha sido tanto en el ámbito judicial como administrativo realmente muy limitada.
El funcionariado adscrito a juzgados y a administraciones públicas retorna a sus puestos de trabajo de forma escalonada al 70% y en turnos de tarde, bajo medidas de prevención extraordinarias.
Con efectividad el día 4 de junio de 2020 se retomarán también los procedimientos y plazos judiciales suspendidos. Desde este momento se iniciará el cómputo de los plazos procesales y de recursos en su integridad. La suspensión de los plazos de prescripción se alzará también desde el día 4 de junio de 2020.
Se inicia así el camino de la “nueva normalidad” en el ámbito de la Justicia y de la Administración.