Según se ha revelado, se ha denunciado al Tribunal Supremo español por no haber aceptado y aplicado debidamente las exigencias de la sentencia del TJUE sobre el canon digital y por no haber revocado las sentencias a favor del canon digital anteriormente dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por las Audiencias Provinciales.
Asimismo, ante la reciente derogación del canon, se denuncia que el pago del mismo se realice con cargo a los presupuestos generales del estado, lo que se entiende como una financiación privada contraria a la normativa comunitaria en materia de disciplina de mercado y política de fondos comunitarios.
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