A efectos prácticos, esta medida supone que las instalaciones renovables que antes tributaban como bien urbano al 0,4% aproximadamente pasarán ahora a hacerlo entre el 0,6% y el 1,3%, lo que supone hasta triplicar el gravamen actual.
La sentencia se produce a instancias de la Federación Gallega de Municipios de Provincias que reclamaba la posibilidad por parte de los ayuntamientos de percibir el IBI por parques eólicos instalados en su territorio. Esta asociación denunciaba una discriminación al excluirse infraestructuras como los parques eólicos de este tributo.
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