Todas las víctimas contactaron a través de internet con agencias de gestión de alquileres vacacionales. Tras cruzar múltiples correos en alemán para la formalización de los correspondientes contratos de alquiler de las viviendas y villas sitas en Palma, procedieron a efectuar en concepto de reserva distintas transferencias al número de cuenta indicado en los respectivos contratos. Mientras unos pagaron 3.000.-€, otros llegaron a pagar hasta 8.000.-€. El “modus operandi” en todos los casos ha sido el mismo.
Los perjudicados descubrían la farsa una vez aterrizaban en Palma de Mallorca y comprobaban que la dirección donde debían encontrarse las viviendas supuestamente reservadas no existía. En algunos casos, las personas estafadas procedieron a la interposición de la correspondiente denuncia ante la Policía de Palma de Mallorca, si bien, comprobamos que éstas resultaron ser, en su mayoría, archivadas de manera automática, sin que las victimas tuvieran conocimiento de ello. ¿Por qué actúa así la policía española? Porque, a su entender, no es competente para conocer el fondo de los asuntos, ya que estamos ante delitos cometidos en internet; así, la policía española entiende que, en estos casos, el delito tuvo lugar cuando las víctimas se encontraban en Alemania y no en España, ya que éstas estaban en Alemania cuando se celebró el contrato y efectuaron el pago. Las autoridades policiales españolas defienden que las denuncias deberían presentarse en Alemania y no en España.
Sin embargo, en todos estos casos existe una fuerte vinculación con España que justifica su persecución penal en España y es que las cuentas bancarias donde las víctimas efectuaron las transferencias pertenecen a bancos españoles y están en España. Precisamente son las autoridades policiales y las judiciales las que con mayor facilidad podrán lograr que la entidad bancaria española identifique al titular de la cuenta bancaria receptora de las transferencias fraudulentas, pues ésta deberá ser la primera persona citada como investigada en un eventual procedimiento judicial penal.
En definitiva, estos casos deberían de ser investigados en España y es por ello por lo que, para garantizar su persecución a través de un procedimiento judicial penal, la denuncia debiera ser presentada directamente ante los Juzgados Penales competentes en España.