El pasado jueves 14 de abril la Eurocámara aprobó un paquete normativo en materia de protección de datos, consistente en un nuevo Reglamento y una nueva Directiva que pretenden otorgar a los ciudadanos el control de sus datos personales y que van a garantizar unos estándares de protección en todo el territorio de la Unión Europea adaptados a la era digital. Este proyecto actualiza y moderniza los principios de la Directiva de protección de datos de 1995 (95/46/CE). El Reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable directamente a todos los Estados miembros a partir de la primavera de 2018.
Entre los aspectos más relevantes del nuevo Reglamento, se encuentran:
- El derecho al “olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales,
- La necesidad de “consentimiento claro y afirmativo” de la persona concernida al tratamiento de sus datos personales,
- La “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios,
- El derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados,
- Lenguaje claro y comprensible sobre las cláusulas de privacidad, y
- Multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
Por otro lado, también se ha aprobado una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, que se aplicará al intercambio transfronterizo dentro de la UE y establecerá estándares mínimos para el tratamiento de datos en cada país para poder proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales aumentando el nivel de seguridad en los intercambios de información entre autoridades y facilitando el proceso. Esta Directiva se aplicará de manera limitada para Reino Unido e Irlanda y Dinamarca tendrá seis meses para decidir si la traslada a su ley nacional desde su adopción definitiva.
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