La normativa del estado galo contiene medidas para fomentar las producciones cinematográficas y audiovisuales, mediante, por un lado, sistemas de apoyo a los productores por parte del “Centre nacional de la cinématographie” (en adelante “CNC”) (siendo una de las más destacadas la aplicación de tasas sobre el volumen de negocios de los operadores de televisión) y, en segundo lugar, mediante obligaciones impuestas a los operadores de televisión de realizar inversiones en la producción cinematográfica, aplicando al efecto un porcentaje a su volumen de negocio. Las producciones financiadas han de ser contar con un productor independiente del operador televisivo que financia la misma. El concepto de productor independiente se define en la legislación de dicho estado, por una serie de criterios, entre los que figura la titularidad recíproca de capital social o de derechos de voto por el productor y por el operador de que se trata y la parte de ese operador en la actividad reciente de dicho productor. Dichos criterios son también utilizados para las medidas de apoyo a la producción audiovisual del CNC.
TF1 consideró en su recurso de anulación que las nuevas medidas introducidas en la legislación francesa consisten en ayudas de Estado ilegales por lo que presentó el mencionado recurso ante el Tribunal de Justicia, quien desestimó el mismo en base a que la TF1 no demuestra afectación alguna de su posición competitiva en comparación con los demás operadores de televisión ni tampoco con los grandes grupos de comunicación audiovisual.
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