Tributación de la economía digital: propuestas de la Comisión Europea

16-10-2018 - Víctor Manzanares Saínz

El pasado 21 de marzo de 2018 se dieron a conocer importantes iniciativas de la Comisión Europea para regular la fiscalidad directa en el Mercado Único Digital.

Víctor Manzanares Saínz Economista y Asesor Fiscal +34 91 319 96 86

Se trata de tres documentos que incluyen dos propuestas de Directivas y una recomendación.

La primera propuesta de Directiva introduce un nuevo concepto de “establecimiento permanente digital”; la segunda propone introducir un nuevo impuesto sobre ciertos servicios digitales y la recomendación lo es para que los estados miembros renegocien sus convenios de doble imposición.

Estas iniciativas se enmarcan en una comunicación al Parlamento y al Consejo denominada “Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the digital economy”. No sólo la Comisión Europea se ha movido mediante estas iniciativas, sino también la OCDE ha desarrollado una propuesta en torno a la tributación de la denominada economía digital.

No obstante, dado que es previsible que las acciones impulsadas por la OCDE vayan a ralentizarse al menos hasta el 2020, la Comisión Europea ha querido avanzar este proceso. Las soluciones que plantea la Comisión, que serán sometidas a consulta al Parlamento Europeo para su aprobación requiriendo la unanimidad de los Estados miembros, giran en torno a dos ejes: una solución transitoria a corto plazo que consistirá en el establecimiento de un nuevo impuesto digital en la UE, que grave los ingresos brutos (ventas), y una definitiva a medio-largo plazo, consistente en la redefinición del concepto de establecimiento permanente, basado en el nuevo concepto de “presencia digital significativa, (PDS)”. El impuesto se aplicaría sobre ingresos generados en la UE para ciertas actividades realizadas por grandes compañías que operen en la UE, con un volumen global de ingresos anual que supere los 750 millones de euros y cuyas actividades digitales gravadas en la UE superen los 50 millones de euros. Esta medida transitoria no está exenta de polémica por lo que se hace necesario seguir su evolución.

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